Informe de Misión de la ONU: 224 asesinatos y más de 37 mil desplazados deja la violencia en Colombia en 2020.

La violencia en las regiones de Colombia afectadas por el conflicto ha continuado, incluidos asesinatos de numerosos civiles, asegura la Misión de Verificación de la ONU en el informe trimestral presentado ante el Consejo de Seguridad en Nueva York.

En lo que va corrido del 2020 reporta 224 asesinatos al igual que el desplazamiento colectivo de 18 mil 400 personas y 19 mil desplazamientos individuales, la mayoría causados por los enfrentamientos armados.

El 71 % de los desplazamientos se produjeron en los departamentos de Nariño, Chocó, Antioquia y Norte de Santander.

El informe, presentado por el jefe de la Misión de Verificación del Proceso de Paz en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, destaca que los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales han seguido aprovechando la pandemia del Covid-19 para reforzar su control social y territorial.

Señala, además, que pese a la disminución de las tasas nacionales de homicidios en el primer semestre, la violencia en las regiones de Colombia afectadas por el conflicto ha continuado, incluidos asesinatos de numerosos civiles reportados en el Cauca, Nariño, Antioquia, Arauca, Norte de Santander, Valle del Cauca, Huila, Córdoba, Cundinamarca y Bolívar, que fueron ampliamente condenados por la sociedad y los actores políticos colombianos.

Además, cuatro miembros del Ejército fueron asesinados en septiembre en Norte de Santander.

No obstante, destaca que el Presidente Duque ha afirmado que su Gobierno no escatimará esfuerzos para llevar ante la justicia a los responsables de esos crímenes.

También resalta la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, esto es, el avance del Sistema de Justicia Transicional.

Al efecto, precisa: «El proceso de justicia transicional está ganando impulso a medida que los tres componentes del Sistema Integral para la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición llevan a cabo su crucial labor. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas continúa su importante tarea de determinar el paradero de las víctimas del conflicto para sus familias y seres queridos».

También señala que la Comisión de la Verdad ha reunido a las víctimas y a los actores involucrados en el conflicto en un diálogo significativo sobre la reconciliación y la no repetición. Y la Jurisdicción Especial para la Paz sigue avanzando en los casos sobre crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.

Advierte que en las últimas semanas, varios de los principales líderes del partido FARC admitieron su responsabilidad por el papel que desempeñaron en diferentes crímenes cometidos durante el conflicto, demostrando de manera contundente que el proceso de paz está empezando a cumplir su promesa de dilucidar los horrores del pasado, que es un elemento esencial para sanar a la sociedad colombiana.

«Para seguir preparando el camino hacia la reconciliación, el apoyo a la labor del Sistema Integral sigue siendo fundamental, incluyendo mediante el pleno respeto de su autonomía e independencia, la cooperación de todos los actores, y la participación activa y auténtica de quienes hicieron parte del conflicto», puntualiza.

Según la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en 2020 se han registrado 42 incidentes en los que numerosos civiles fueron asesinados, y otros 13 incidentes están siendo verificados.

Entre las víctimas hay 19 niños y niñas y 12 mujeres. Estos crímenes se están cometiendo principalmente en zonas con escasa presencia estatal, altos niveles de pobreza, economías ilícitas y disputas entre grupos armados ilegales y organizaciones criminales.

Los departamentos más afectados son Antioquia (13), el Cauca (8), Nariño (7) y Norte de Santander (4). El 15 de agosto, ocho personas de entre 17 y 25 años de edad, entre ellas una mujer, también fueron asesinadas en Samaniego (Nariño).

Señala que la Defensoría del Pueblo había alertado de los riesgos a los que se enfrentaba ese municipio en una alerta temprana emitida a mediados de 2019.

Los siguientes son apartes fundamentales del informe presentado al Consejo de Seguridad de la ONU:

La violencia contra los líderes sociales y los defensores y defensoras de los derechos humanos continúa.

En 2020, el ACNUDH ha verificado un total de 48 homicidios, incluidos los de 9 miembros de comunidades étnicas y 5 mujeres (2 de ellas de origen indígena). Otros 51 homicidios están siendo verificados.

El Cauca sigue siendo uno de los departamentos más peligrosos para los líderes sociales, donde 8 casos ocurridos en el período sobre el que se informa están siendo verificados.

El Presidente Duque convocó una sesión plenaria de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad el 12 de agosto.

Muchos actores, incluidos representantes de la sociedad civil en la Comisión, habían pedido que la Comisión fuera convocada de nuevo.

La Comisión reanudó la discusión sobre la política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales, las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, que es su tarea primordial.

Representantes de la sociedad civil están formulando recomendaciones sobre los lineamientos de política de desmantelamiento presentados por el Gobierno para su examen en la Comisión.

Se celebraron tres sesiones territoriales de la Comisión en Nariño, Córdoba y el Cauca.

En el período sobre el que se informa, la Defensoría del Pueblo emitió 19 alertas tempranas (6 de ellas de carácter inminente). Se materializaron los riesgos identificados en varias alertas, a saber, actos de violencia y explotación sexuales, asesinatos, confinamientos y desplazamientos forzados por los grupos armados ilegales, que afectaron especialmente a comunidades indígenas y afrocolombianas.

En cuanto al Decreto núm. 660, relativo al Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, continúan reuniéndose tres comités técnicos, con la participación activa del Gobierno y la sociedad civil.

Además de los cinco proyectos piloto que ya existen, se han aprobado iniciativas piloto vinculadas al componente de protección y seguridad del Programa para siete comunidades, que incluyen la aplicación de medidas de protección colectiva acordadas conjuntamente con las comunidades. Además, el programa de promotores comunitarios de paz y convivencia se pondrá en marcha en cinco departamentos.

En el período sobre el que se informa continuaron los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las comunidades locales por las operaciones de erradicación forzosa de cultivos ilícitos en varias regiones, entre ellas Nariño, Norte de Santander y la zona fronteriza entre el Meta y Guaviare.

En el período sobre el que se informa, la Misión verificó 19 asesinatos de excombatientes de las FARC-EP (todos ellos hombres), con lo que en 2020 suman en total 50 (incluidos 2 de mujeres).

Desde la firma del Acuerdo Final, la Misión ha verificado 297 ataques contra exmiembros de las FARC-EP, que comprenden 224 asesinatos (incluidos 4 de mujeres), 20 desapariciones y 53 intentos de homicidio (incluidos 4 de mujeres).

En el período sobre el que se informa, el 52 % de los excombatientes asesinados habían sido excarcelados de conformidad con el Acuerdo Final. La mayoría de ellos vivían fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación.

El 28 de agosto, en el departamento de Bolívar, fue asesinado Jorge Iván Ramos, uno de los dirigentes del partido FARC. El Sr. Ramos, uno de los excomandant es de las FARC-EP de más alto rango asesinados desde la firma del Acuerdo Final, participaba activamente en su implementación, entre otras cosas en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y en el proceso de entrega de los bienes de las FARC-EP.

El partido FARC dirigió una carta abierta al ELN expresando su asombro al enterarse de información de que el ELN estaba detrás del crimen.

La Misión verificó el asesinato de cuatro personas cometido el 16 de julio, incluidos dos familiares de un excombatiente, en Algeciras (Huila).

En Frontino (Antioquia), grupos armados ilegales continúan amenazando a comunidades y excombatientes y obligándolos a desplazarse. En ambos casos, las autoridades locales han declarado que no pueden proporcionar garantías de seguridad a los excombatientes y sus familias.

Los excombatientes que viven fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, como en nuevas áreas de reincorporación, siguen enfrentando mayores riesgos.

En 2020, el 30 % de los asesinatos se han cometido cerca de estas nuevas áreas, que en su mayoría están ubicadas en regiones rurales aisladas en las que la presencia estatal es limitada y en las que los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales se enfrentan por las economías ilícitas.

El Ministerio de Defensa y el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación se están coordinando con las autoridades locales para mejorar el despliegue de seguridad en torno a las nuevas áreas de reincorporación de Huila, el Cauca y Putumayo.

Hasta la fecha, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación ha reportado 31 condenas y 20 casos en etapa de juicio relacionados con ataques contra excombatientes. Además, en el período sobre el que se informa fueron detenidos 4 sospechosos de ser autores intelectuales, con lo que en total suman 15 desde la firma del Acuerdo Final.

Como se destacó en informes anteriores, el enfoque centrado en el enjuiciamiento de los autores intelectuales es crucial para desmantelar estas redes criminales y luchar contra la impunidad.

En julio, las autoridades detuvieron a seis hombres (incluido un excombatiente de las FARC-EP) acusados de participar en el atentado fallido de enero de 2020 contra el Presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño.

Las investigaciones sobre la muerte de los dos excombatientes que las autoridades han vinculado al atentado siguen en marcha.

La mesa técnica tripartita sobre investigaciones, en la cual la Unidad Especial de Investigación, FARC y la Misión hacen un seguimiento conjunto de las potenciales amenazas y las investigaciones, se está expandiendo regionalmente, dando prioridad a las regiones en que se registra el mayor número de asesinatos de excombatientes.

En el período sobre el que se informa se crearon mesas técnicas tripartitas regionales en Medellín, Quibdó y Cúcuta.

En respuesta a los persistentes asesinatos y riesgos para la seguridad de exmiembros de las FARC-EP, en julio la Jurisdicción Especial para la Paz adoptó medidas cautelares con arreglo a las cuales la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público han de convocar a las entidades de seguridad competentes e implementar los mecanismos de protección de excombatientes que figuran en el punto 3.4 del Acuerdo Final, incluida la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

A raíz de la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política se reunió el 6 de agosto.

El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación y la Unidad Nacional de Protección apelaron algunos aspectos de la decisión de la Jurisdic ción Especial para la Paz, pero en septiembre esta confirmó su decisión inicial».

En la presentación del informe el Representante Especial del Secretario General, Carlos Ruiz Massieu, formuló las siguiente propuestas o recomendaciones:

«Encontrar formas de detener esta violencia es fundamental para cumplir la promesa del Acuerdo de Paz. Para ello, sigue siendo necesario finalizar e implementar la política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales, las organizaciones criminales y sus redes de apoyo. La labor de los comités técnicos y las sesiones regionales de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad llevadas a cabo durante los dos últimos años debe traducirse ahora en la pronta finalización de esta crucial política pública y, aún más importante, en su rápida implementación. Del mismo modo, las respuestas oportunas para hacer frente a los riesgos identificados por las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo pueden ser decisivas para reducir la violencia. Aprovecho la oportunidad también para reiterar el llamado del Secretario General, apoyado por este Consejo, a un cese al fuego mundial que permita que todos los esfuerzos se centren en el alivio de la pandemia. La reducción de la violencia en las zonas afectadas por el conflicto es aún más importante en el contexto de esta crisis de salud pública.

También es esencial trabajar de la mano con las comunidades para diseñar medidas de seguridad eficaces adaptadas a los contextos locales. Me alienta el trabajo conjunto entre los actores de la sociedad civil y las entidades gubernamentales en el marco de los comités técnicos del Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios (Decreto 660). Ahora es necesario avanzar hacia su implementación en el terreno, incluyendo a través de los diversos programas piloto, para que podamos informar sobre progresos concretos en los próximos meses.

Es igualmente importante avanzar en mejorar la protección de excombatientes que siguen siendo asesinados en cantidades alarmantes, y seguir luchando contra la impunidad de esos delitos, inclusive llevando a los autores intelectuales ante la justicia. Se debe dar prioridad a la dotación de personal y recursos a la Unidad Nacional de Protección para que pueda dar trámite al cúmulo de solicitudes de protección para excombatientes que están pendientes. Confío en que los recientes avances en las investigaciones de la Unidad Especial de Investigación sobre crímenes contra excombatientes se mantendrán, en particular mediante la cooperación de otras entidades del Estado, incluida la fuerza pública a nivel regional».

Dentro de dos semanas, el Consejo de Seguridad conmemorará el vigésimo aniversario de la aprobación de la Resolución 1325 sobre mujer, paz y seguridad. Pocos acuerdos de paz en la historia han abordado el enfoque de género de manera tan exhaustiva como el Acuerdo Final de Paz en Colombia. El proceso de paz de Colombia demuestra el valor de garantizar la participación significativa de las mujeres y la importancia de tener en cuenta tanto la forma en la que las mujeres han sido afectadas por el conflicto como, aún más importante, la forma en la que pueden contribuir a la resolución del conflicto. Aún sigue habiendo retos respecto a la seguridad de las mujeres lideresas sociales y defensoras de los derechos humanos, a garantizar una participación más robusta de las mujeres excombatientes en los esfuerzos de reincorporación, y a hacer frente al flagelo de la violencia sexual y de género, que se ha recrudecido durante la pandemia. Aliento a todos los actores, incluidos el Gobierno y el partido FARC, a que se inspiren en el aniversario de la Resolución 1325 para redoblar sus esfuerzos por implementar plenamente las disposiciones de género del Acuerdo, junto con el liderazgo de las organizaciones de mujeres a nivel nacional y local.

Permítanme finalizar rindiendo homenaje a la fortaleza y el coraje de las innumerables mujeres constructoras de paz de Colombia: las dirigentes y miembros de organizaciones de mujeres que he conocido en mis visitas por todo el país; las dirigentes sociales que con demasiada frecuencia se encuentran amenazadas en sus comunidades; las víctimas que participan activamente en los esfuerzos de reconciliación; y las dirigentes de organizaciones étnicas que se esfuerzan por proteger su cultura y garantizar los derechos de sus comunidades. A estas valientes mujeres, y a las generaciones que las sucederán, les debemos asegurar que la paz en Colombia continúe arraigándose mediante la implementación continua del Acuerdo Final de Paz.

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